Un golpe anunciado Los militares volvieron al gobierno, tras la brecha abierta por la descomposición del gobierno, el descontrol económico y la violencia política vivenciada en esta época. Así, el general Jorge R. Videla (Ejército), el almirante Emilio E. Massera (Marina) y el brigadier Orlando R. Agosti (Aeronáutica); los tres comandantes de la armada, integraron la llamada Junta Militar, que el 24 de Marzo de 1976 derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Esta nueva intervención militar, fue totalmente diferente a las anteriores, y se hizo llamar “Proceso de Reorganización Nacional”.
“Las Fuerzas Armadas no fueron escuchadas. Como consecuencia de ello y previendo la inexorabilidad de la crisis, se prepararon para hacer frente a esta situación y las Fuerzas Armadas, como institución, dieron una respuesta institucional a una crisis también institucional.”
La sociedad Argentina, era el punto central de transformaciones propuestas por este gobierno militar. Ya que la idea no se fundaba simplemente en corregir una política económica, de resolver una crisis institucional o de derrocar a la guerrilla. Por que para ello solo hubiese bastado algunos cambios dentro de la legalidad constitucional. La existencia misma de una nación, era el cuestionamiento que se planteaba la Junta Militar. “Reorganizar” la sociedad argentina, era entonces la solución a esta crisis, era un “proceso” que no tenía “plazos” pero si “objetivos”: crear un ser occidental, nacional y cristiano.
La represión política y social (que buscaba eliminar a todos aquellos que se opusieran a sus objetivos), sumado a la desarticulación de las bases de la economía industrial (es decir, abandonar por completo el modelo industrialista iniciado 40 años atrás y producir una mayor concentración de la riqueza) y ejercicio autoritario del poder, fueron las expresiones que fundaron esta “reorganización”. Sin embargo, la derrota en la Guerra de Malvinas, fue el producto que sirvió para el derrocamiento del gobierno militar, acelerando se desgaste y llevando a Galtieri a renunciaren Julio de 1982.
Uno de los rasgos fundamentales de este gobierno militar fue la represión ilegal, desarrollado con gran tenacidad entre los años 1976 y 1978. Este rótulo de ilegalidad no se acuñe porque sólo fue llevada a cabo por el gobierno de facto, sino fundamentalmente porque se violaba la legalidad establecida por ese mismo gobierno. Tal es así, que la represión era organizada de manera sumamente planeada, y dirigida por los más altos niveles de decisión político y militar. Pero hay que agregarle otra particularidad, al mismo tiempo fue clandestina. Quienes fueron receptores de la misma, eran aquellos integrantes de las organizaciones guerrilleras que se comprometían con la lucha armada. No obstante, no fueron los únicos, sino que se extendió a aquellos actores sociales y políticos totalmente desvinculados de esta participación guerrillera.
El decreto N° 6 de la junta Militar suspendió “la actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y municipal”. La ley Nro. 21.261 dispuso ‘transitoriamente” la suspensión del “derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto por parte de trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones”.
Así este gobierno militar, también suprimió los derechos civiles y las libertades públicas, anulando las garantías constitucionales y por lo tanto, creando nuevos instrumentos. Un hecho que tuvo grave consecuencias fue la suspensión de la vigencia de la última parte del artículo 23 de la Constitución nacional, quien establece que en ciertas condiciones el gobierno puede declarar estado de sitio. La suspensión de esta garantía individual se vio agravada porque el Poder Ejecutivo, decide poner a su disposición una numerosa cantidad de detenidos.
En el primer año de dictadura ya había más de quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos y decenas de miles de exiliados.
“Las Fuerzas Armadas no fueron escuchadas. Como consecuencia de ello y previendo la inexorabilidad de la crisis, se prepararon para hacer frente a esta situación y las Fuerzas Armadas, como institución, dieron una respuesta institucional a una crisis también institucional.”
La sociedad Argentina, era el punto central de transformaciones propuestas por este gobierno militar. Ya que la idea no se fundaba simplemente en corregir una política económica, de resolver una crisis institucional o de derrocar a la guerrilla. Por que para ello solo hubiese bastado algunos cambios dentro de la legalidad constitucional. La existencia misma de una nación, era el cuestionamiento que se planteaba la Junta Militar. “Reorganizar” la sociedad argentina, era entonces la solución a esta crisis, era un “proceso” que no tenía “plazos” pero si “objetivos”: crear un ser occidental, nacional y cristiano.
La represión política y social (que buscaba eliminar a todos aquellos que se opusieran a sus objetivos), sumado a la desarticulación de las bases de la economía industrial (es decir, abandonar por completo el modelo industrialista iniciado 40 años atrás y producir una mayor concentración de la riqueza) y ejercicio autoritario del poder, fueron las expresiones que fundaron esta “reorganización”. Sin embargo, la derrota en la Guerra de Malvinas, fue el producto que sirvió para el derrocamiento del gobierno militar, acelerando se desgaste y llevando a Galtieri a renunciaren Julio de 1982.
Uno de los rasgos fundamentales de este gobierno militar fue la represión ilegal, desarrollado con gran tenacidad entre los años 1976 y 1978. Este rótulo de ilegalidad no se acuñe porque sólo fue llevada a cabo por el gobierno de facto, sino fundamentalmente porque se violaba la legalidad establecida por ese mismo gobierno. Tal es así, que la represión era organizada de manera sumamente planeada, y dirigida por los más altos niveles de decisión político y militar. Pero hay que agregarle otra particularidad, al mismo tiempo fue clandestina. Quienes fueron receptores de la misma, eran aquellos integrantes de las organizaciones guerrilleras que se comprometían con la lucha armada. No obstante, no fueron los únicos, sino que se extendió a aquellos actores sociales y políticos totalmente desvinculados de esta participación guerrillera.
El decreto N° 6 de la junta Militar suspendió “la actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y municipal”. La ley Nro. 21.261 dispuso ‘transitoriamente” la suspensión del “derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto por parte de trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones”.
Así este gobierno militar, también suprimió los derechos civiles y las libertades públicas, anulando las garantías constitucionales y por lo tanto, creando nuevos instrumentos. Un hecho que tuvo grave consecuencias fue la suspensión de la vigencia de la última parte del artículo 23 de la Constitución nacional, quien establece que en ciertas condiciones el gobierno puede declarar estado de sitio. La suspensión de esta garantía individual se vio agravada porque el Poder Ejecutivo, decide poner a su disposición una numerosa cantidad de detenidos.
En el primer año de dictadura ya había más de quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos y decenas de miles de exiliados.
INDIRA,AGUSTINA,DIEGO,AGUSTIN Y NICOLAS 6 C
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